Por Patricia Escobar @argentinaforest BUENOS AIRES (13/3/2026).- Diversas organizaciones de la sociedad civil, del ámbito científico y del sector forestal presentaron sus análisis técnicos y posición institucional ante el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) frente a la iniciativa del Gobierno nacional de modificar la Ley Nac. 26331 de Presupuesto Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

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En un informe especial, reflejamos la posición de siete organizaciones que presentaron sus advertencias al COFEMA: la Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) respecto a reducir la protección para la prevención de incendios, la Red Agroforestal Chaco Argentina, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe sobre el impacto que implicará en productores rurales y poblaciones indígenas, la ONG Aves Argentinas muy crítica sobre el grave retroceso jurídico que implica las modificaciones, la Agrupación Forestal Peronista (AFoPe) con una mirada integral del territorio y el uso de los bosques para el desarrollo local, la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE y el Colegio de Graduados de Ciencias Forestales de Santiago del Estero, que muestran un alto nivel de coincidencia en aspectos centrales del debate, además de aportar sugerencias técnicas y específicas.

Más allá de las diferencias de enfoque -técnico, social, económico, ambiental o político- todas las organizaciones advierten que los cambios propuestos podrían debilitar uno de los pilares de la política ambiental argentina.

Los documentos –que son parte de más de 30 organizaciones que expusieron ante el COFEMA como la AFoA- coinciden en que la Ley de Bosques fue uno de los avances institucionales más importantes de la política ambiental argentina desde la reforma constitucional de 1994.

En ese marco, sostienen que el desafío actual no es modificar su arquitectura normativa sino fortalecer su aplicación, mejorar el financiamiento y consolidar la coordinación federal entre Nación y provincias.

Para las organizaciones, proteger los bosques nativos no constituye una posición sectorial ni exclusivamente ambiental, sino una condición estructural para el desarrollo productivo, la estabilidad territorial y la inserción internacional de la Argentina.

Coincidencias: principales puntos en común para rechazar las modificaciones
El análisis comparado de los cinco documentos permite identificar un núcleo de coincidencias que estructura el debate.
1. Riesgo de regresión ambiental
Las organizaciones coinciden en que las modificaciones planteadas implican una reducción de los estándares actuales de protección de los bosques nativos, lo que entraría en tensión con el principio de no regresión ambiental previsto en el marco jurídico argentino.

Este principio establece que las políticas públicas no deben disminuir los niveles de protección ambiental ya alcanzados, sino sostenerlos o ampliarlos.

2. Expansión masiva de áreas potencialmente desmontables
Uno de los puntos más cuestionados es la modificación que permitiría desmontes en la categoría II (amarilla) del ordenamiento territorial.

Según los documentos presentados, esto podría ampliar la superficie susceptible de cambio de uso del suelo de aproximadamente 10 millones de hectáreas a cerca de 42 millones, lo que implicaría que hasta el 80% de los bosques nativos del país quedaría expuesto a transformaciones productivas.

3. Debilitamiento de controles estatales
Otro aspecto señalado por todas las organizaciones es la eliminación o reducción de mecanismos de control administrativo previo.

Entre las modificaciones cuestionadas figuran:
· la eliminación de autorizaciones previas para ciertos desmontes

· la delegación del control técnico en profesionales privados

· la supresión del Registro Nacional de Infractores

Según los especialistas, estos cambios podrían generar conflictos de interés y reducir la capacidad de fiscalización del Estado.

4. Impactos económicos y comerciales
Las organizaciones también coinciden en que el debate no es exclusivamente ambiental.

La flexibilización del régimen podría afectar la posición internacional de Argentina frente a mercados que exigen cadenas de producción libres de deforestación, como el nuevo reglamento europeo sobre commodities vinculadas al cambio de uso del suelo.

En ese contexto, advierten que una señal normativa que amplíe desmontes podría generar riesgos de competitividad para sectores exportadores.

5. El problema no es la ley, sino su implementación
Un punto reiterado en los documentos es que las principales debilidades de la política forestal no están en el diseño de la ley, sino en su ejecución.

Entre los desafíos mencionados figuran:

· el financiamiento insuficiente del Fondo Nacional de Bosques

· debilidades en monitoreo y control

· limitaciones institucionales en algunas jurisdicciones

Para las organizaciones, la prioridad debería ser fortalecer la implementación y no reducir estándares normativos.

Las miradas específicas de cada organización
Aunque comparten un diagnóstico general sobre los riesgos que implicarían los cambios a la Ley de Bosques Nativos de Argentina, cada organización presentó ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) un análisis particular desde su campo de especialización, que abarca desde la ingeniería forestal y la biodiversidad hasta la agroecología y las políticas públicas ambientales.

Desde la Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF), que nuclea a profesionales del sector forestal del país, el planteo central apunta a preservar la estructura técnica de la ley respecto a la prevención.

La entidad sostiene que la normativa vigente permitió establecer reglas claras para el ordenamiento territorial de los bosques nativos, un proceso complejo que involucró a provincias, universidades, organismos científicos y actores sociales.

Entre los principales puntos de preocupación mencionados por la federación se destacan:

la posibilidad de habilitar desmontes en áreas clasificadas como categoría II (amarilla), lo que modificaría el espíritu del ordenamiento territorial;
la eliminación o debilitamiento de instancias de evaluación y autorización administrativa previa;
la pérdida de herramientas de control estatal, como el registro de infractores ambientales.
Desde la perspectiva de la ingeniería forestal, la ley no sólo tiene un rol ambiental, sino también productivo y estratégico, ya que permite promover manejo forestal sostenible, restauración de bosques degradados y desarrollo de economías regionales vinculadas al uso responsable del recurso forestal.

Los especialistas remarcan que el desafío actual no es modificar el esquema legal, sino fortalecer su implementación y financiamiento, particularmente a través del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.

Perspectiva territorial y socioambiental
La Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) centró su análisis en las consecuencias territoriales y sociales que podrían derivarse de una flexibilización de la normativa.

Esta red reúne organizaciones campesinas, técnicas y sociales que trabajan en la región chaqueña, uno de los territorios con mayor presión sobre los bosques nativos en las últimas décadas.

Según su diagnóstico, permitir cambios de uso del suelo en áreas actualmente protegidas podría generar: una expansión significativa del desmonte en regiones críticas;
mayores conflictos por el acceso a la tierra;
impactos directos sobre comunidades campesinas e indígenas.
La organización también advierte que el bosque nativo cumple funciones ecológicas fundamentales para el territorio, como la regulación hídrica, la conservación del suelo y la reducción de los riesgos asociados a inundaciones o sequías extremas.

Desde esta mirada, el debate sobre la ley no debe limitarse a la dimensión ambiental, sino considerar también los efectos sobre el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la estabilidad social en regiones forestales.